Intendentes llevaron al Congreso el reclamo del interior: “Un país desigual es un país injusto"

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, planteó un reclamo que excede la discusión presupuestaria: advirtió que las decisiones nacionales pueden agravar las enfermedades prevenibles, deteriorar las finanzas provinciales y municipales y profundizar las desigualdades territoriales. Su intervención tuvo un eje central: el transporte público y el acceso a los medicamentos esenciales no pueden quedar sujetos a una concepción del país que privilegia al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La reunión -convocada por la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la diputada cordobesa Carolina Basualdo-, tuvo dos asuntos centrales: la reducción de la cobertura del Programa Remediar y la desigual distribución de los subsidios al transporte público, particularmente después de que el Gobierno nacional dispusiera una nueva actualización de las compensaciones para las líneas de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA.

Pero, detrás de ambos planteos apareció una discusión mucho más profunda: qué significa gobernar un país federal cuando las decisiones económicas, la distribución de los recursos y las prioridades del Estado parecen concentrarse en una porción reducida del territorio.

El documento presentado por los jefes comunales, titulado “Un país desigual es un país injusto”, expresa ese malestar sin demasiados rodeos. Habla de abandono del interior, de incumplimientos de compromisos federales y de una transferencia de responsabilidades hacia provincias y municipios que -según sostienen- ya tienen sus presupuestos comprometidos.

En ese escenario, la intervención de Rosario Romero adquirió especial relevancia para Entre Ríos. La intendenta de Paraná no solamente acompañó el reclamo colectivo: puso sobre la mesa una advertencia política, sanitaria y económica acerca de las consecuencias que pueden tener las decisiones nacionales cuando se desentienden de las realidades territoriales.

Su mensaje fue claro: el federalismo no puede limitarse a una declaración constitucional; debe expresarse en la distribución de los recursos y en la responsabilidad compartida de garantizar derechos.

Romero: una advertencia sobre el costo de desmantelar políticas públicas

Rosario Romero eligió presentar su intervención desde una posición que definió como “genuina y federal”. No se trató de una crítica partidaria aislada ni de una reivindicación exclusiva de los municipios gobernados por determinado espacio político. Su argumento apuntó a la continuidad de políticas públicas que, más allá de los cambios de gobierno, habían demostrado su utilidad para atender necesidades concretas de la población.

En relación con el Programa Remediar, recordó que funciona desde 2002 y que atravesó distintas administraciones nacionales porque había conseguido consolidarse como una herramienta valiosa para el sistema sanitario.

La referencia no es menor. Remediar nació como una política de acceso gratuito a medicamentos esenciales para personas que dependen del sistema público de salud. Su importancia radica -precisamente- en que permite resolver una parte sustancial de las necesidades sanitarias desde los centros de atención primaria, antes de que los problemas se conviertan en situaciones de mayor complejidad. Además, de la concepción del medicamento como un bien social.

Romero puso el acento en una consecuencia que, desde la perspectiva de los gobiernos locales, suele quedar fuera de los cálculos estrictamente presupuestarios: cuando se reduce la provisión de medicamentos, la necesidad no desaparece. Se traslada hacia los municipios.

“Van a provocar mayor deterioro en las finanzas públicas de todos los Estados provinciales y aún del nacional, porque van a provocar mayores enfermedades que podemos prevenir”, advirtió.

La frase contiene una definición política importante. La intendenta no cuestionó solamente la reducción de una partida o la modificación de un programa. Cuestionó la lógica económica que considera “ahorro” a la disminución de prestaciones sanitarias sin contemplar los costos posteriores que esa decisión puede generar.

Si una persona deja de recibir a tiempo un medicamento para controlar una enfermedad crónica, por ejemplo, el problema no queda resuelto porque el Estado haya dejado de comprar ese tratamiento. Puede terminar en una consulta de urgencia, una internación o una complicación que demande una intervención mucho más costosa.

En otras palabras, el recorte de una política preventiva puede terminar multiplicando el gasto público que supuestamente se pretende reducir.

La advertencia de Romero adquiere particular dimensión cuando se observa la situación de los municipios. Aunque las administraciones locales no tienen la responsabilidad exclusiva de sostener las políticas sanitarias nacionales, son muchas veces la primera puerta a la que golpean los vecinos cuando necesitan atención, medicamentos o asistencia social.

Por eso, dar de baja al Remediar no representa únicamente una modificación en el funcionamiento de un programa nacional. Puede convertirse en una nueva presión sobre los presupuestos provinciales y municipales, que deberán responder a una demanda creciente con recursos limitados.

La intendenta de Paraná planteó así una contradicción de fondo: una administración nacional puede exhibir una reducción de gastos en sus propias cuentas, pero si esa disminución obliga a otros niveles del Estado a cubrir las prestaciones abandonadas, no necesariamente existe un ahorro para el conjunto del sector público. Existe, en cambio, un desplazamiento del costo.

El transporte público y la desigualdad que se mide en kilómetros

El segundo eje de la exposición de Romero fue el transporte público, una problemática que en las ciudades del interior tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de miles de familias.

“Debiéramos haber continuado con subsidios en todo el país, porque el transporte público no es un lujo”, sostuvo. Y agregó una definición que merece detenerse: “El subsidio no es un pecado, entendámoslo, el subsidio ayuda a sostener un sistema de transporte”.

La afirmación marca una diferencia conceptual con la mirada económica que considera los subsidios, en términos generales, como un gasto que debe eliminarse o reducirse. Para Romero, el transporte público constituye un servicio esencial y su sostenimiento requiere una política de financiamiento que contemple las posibilidades económicas de los usuarios y las características de cada ciudad.

En Paraná -como en otras capitales provinciales- el transporte de colectivo cumple una función social que excede el desplazamiento de un punto a otro. Es el medio que permite llegar al trabajo, concurrir a los establecimientos educativos, acceder a los centros de salud y desarrollar actividades cotidianas.

Cuando los costos del sistema aumentan y los aportes nacionales desaparecen o resultan insuficientes, las alternativas son conocidas: incrementar el precio del boleto, aumentar los aportes municipales o reducir prestaciones. En cualquiera de esos escenarios, el impacto termina recayendo sobre los usuarios o sobre las cuentas públicas municipales.

Romero recordó que los gobiernos municipales llevan años subsidiando el transporte y cuestionó que las decisiones nacionales continúen favoreciendo al AMBA.

“Nosotros hace años que pagamos mucho el transporte. Los Estados locales están subsidiando el transporte. Me fastidia que el país se mire solo desde el AMBA”, expresó.

La última frase fue, probablemente, una de las más contundentes de su exposición. Porque sintetiza una discusión histórica del federalismo argentino: la concentración de las decisiones políticas, económicas y presupuestarias en el área metropolitana y las dificultades que enfrentan las provincias y las ciudades del interior para obtener un tratamiento equitativo.

El cuestionamiento no supone reclamar que se eliminen los subsidios que reciben los usuarios del AMBA. De hecho, el documento colectivo aclara expresamente que los intendentes no están en contra de esa asistencia. Lo que rechazan es que el acompañamiento estatal se concentre en una sola jurisdicción mientras los ciudadanos del resto del país contribuyen a financiar los recursos que lo hacen posible.

La discusión adquiere mayor profundidad cuando se incorpora el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Se trata de un gravamen que pagan los argentinos en todo el territorio nacional y cuya recaudación -según sostienen los intendentes- tiene destinos específicos vinculados con el transporte y la infraestructura vial. El reclamo apunta a que esos recursos tengan una distribución efectivamente federal y no terminen concentrados en el sostenimiento del sistema metropolitano.

El documento propone incluso una alternativa de fondo: si el Gobierno nacional no está dispuesto a distribuir los fondos de acuerdo con su destino federal, debería considerar eliminar el impuesto para el interior, reduciendo así uno de los componentes que inciden sobre el costo del transporte y de la logística.

Es una discusión que trasciende el boleto urbano. También involucra los costos de producción, el traslado de mercaderías, la competitividad de las economías regionales y el mantenimiento de rutas que resultan fundamentales para la integración territorial.

Más de 80 intendentes y un reclamo que atravesó las fronteras partidarias

La dimensión política de la jornada estuvo dada por la cantidad y diversidad de los representantes municipales que participaron. Alrededor de poco más de 80 intendentes y jefes comunales de distintas provincias expusieron sus preocupaciones ante los legisladores.

El primer planteo llegó desde Rosario. Pablo Javkin -quien participó por videoconferencia- calificó de preocupante la situación del Programa Remediar y sostuvo que su impacto económico para Rosario y Santa Fe alcanzaría los 13.500 millones de pesos.

Pero, fue especialmente severo al referirse al transporte. “Es lo que más emergencia nos causa”, afirmó, y denunció que el interior tiene limitado el financiamiento nacional de los atributos sociales de la SUBE, uno de los pocos mecanismos que continuaban representando un aporte de la Nación.

Javkin cuestionó que los ciudadanos del AMBA reciban una cobertura de subsidios considerablemente superior a la de quienes viven en las ciudades del interior. “Resulta absolutamente injusto e insostenible tener una política donde un ciudadano del AMBA valga cuatro veces lo que un ciudadano del interior”, manifestó.

Por su parte, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, aportó una mirada particularmente crítica desde su experiencia como médica y exministra de Salud. Recordó que el Remediar había sido una política exitosa porque garantizaba medicamentos en los centros de atención primaria y advirtió sobre la reducción de su cobertura.

Según las cifras expuestas durante la reunión, el esquema pasó de contemplar 129 medicamentos a solamente seis, mientras que el presupuesto se habría reducido de 128.000 millones a 36.000 millones de pesos.

Chahla sostuvo que el 85% de los problemas de salud que se atienden en el primer nivel pueden resolverse con esos medicamentos y reclamó preservar el programa por encima de las diferencias políticas.

Su intervención reforzó uno de los argumentos centrales de Rosario Romero: el acceso a los medicamentos no puede considerarse una variable secundaria del ajuste estatal.

Desde Santa Fe, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, utilizó términos todavía más duros. Dijo que los municipios y las provincias aportan fuertemente a la recaudación nacional, pero reciben cada vez menos recursos. En referencia al recorte de Remediar, ironizó que deberían cambiarle el nombre por “Enfermar” y cuestionó la idea de que reducir la cantidad de medicamentos represente un ahorro para la salud pública.

El cierre político de la reunión estuvo a cargo del intendente de Córdoba capital, Daniel Passerini, quien planteó que las decisiones nacionales se transforman en un atropello para las ciudades y sus habitantes.

Passerini presentó uno de los datos más fuertes del reclamo: según el Consejo Federal de Intendentes, durante 2026 la Nación destinó aproximadamente 460 millones de dólares a compensaciones tarifarias para el AMBA, frente a cero pesos para el interior, si se excluyen los recursos que corresponden a todas las jurisdicciones por el sistema SUBE.

“No estamos contra el subsidio de los compatriotas del área metropolitana, pero no puede ser solo para una jurisdicción cuando los recursos surgen del Impuesto a los Combustibles Líquidos que pagamos todos los argentinos”, afirmó.

El intendente cordobés también dejó una definición que recorrió el espíritu de toda la convocatoria: los municipios quieren cuentas ordenadas y déficit cero, pero no a costa de abandonar a sus vecinos.

El reclamo, por lo tanto, no se limitó a una oposición ideológica al programa económico nacional. Los intendentes buscaron instalar una discusión sobre quién termina pagando el costo social y financiero de las decisiones de ajuste.

El ajuste nacional es en rigor una transferencia silenciosa de responsabilidades

Hay un elemento que atraviesa prácticamente todas las intervenciones y que merece una lectura política más amplia: los municipios se están convirtiendo en la última barrera de contención frente a la reducción de las prestaciones nacionales.

Cuando Nación deja de financiar medicamentos, las provincias y las comunas deben encontrar mecanismos para evitar que los pacientes queden sin atención. Cuando se retiran los subsidios al transporte, los municipios deben decidir si incrementan sus aportes, trasladan los costos a los usuarios o reducen el servicio.

Y cuando disminuyen los recursos de coparticipación, todas esas obligaciones deben atenderse con una disponibilidad financiera cada vez más restringida.

Es precisamente esa acumulación de responsabilidades lo que explica el tono del documento firmado por los intendentes.

“No tenemos más desgracias porque las provincias y los municipios del país nos hacemos cargo, no porque tengamos los recursos”, señala el comunicado.

La expresión resume una preocupación que va más allá de la coyuntura: el riesgo de que el Gobierno nacional reduzca su participación en determinadas políticas públicas sin establecer mecanismos alternativos que garanticen su continuidad.

En ese esquema, los municipios reciben una doble presión. Por un lado, deben preservar el equilibrio de sus cuentas. Por otro, tienen que responder ante vecinos que no pueden esperar a que se resuelvan las discusiones presupuestarias entre Nación y provincias.

El documento utiliza una imagen particularmente significativa para explicar esa diferencia de perspectivas: mientras algunos funcionarios observan planillas de cálculo, los intendentes tienen a los vecinos cara a cara, con nombres y apellidos, rostros, familias y necesidades concretas y conocidas.

No es una discusión menor. Es la tensión entre el equilibrio fiscal entendido como objetivo contable y el equilibrio fiscal como herramienta para sostener el funcionamiento del Estado.

Los intendentes sostienen que quieren cuentas ordenadas y déficit cero, pero rechazan que ese resultado se consiga abandonando prestaciones esenciales o trasladando indiscriminadamente los costos a las administraciones locales.

La frase final del comunicado expresa esa posición con una contundencia que también tiene destinatarios políticos: “Los Municipios estamos hartos, pero no vencidos. Jamás nos rendiremos”.